El sistema judicial de Arabia Saudita combina doctrina religiosa y gobernanza estatal, aplicando la ley basada en la sharía sin transparencia ni debido proceso. Solo en 2025, más de 241 ejecuciones se realizaron antes de agosto, muchas tras juicios injustos con tortura, confesiones forzadas y falta de defensa legal. La pena de muerte se aplica por delitos vagos, afectando a extranjeros y minorías como los chiitas, y sirve para silenciar la oposición política y mantener control social estricto.
Incremento explosivo de ejecuciones
Bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, los procesos judiciales han aumentado para sofocar la disidencia. En 2024 se registraron 345 procesos, y la tendencia continúa en 2025 con más de una ejecución diaria. Más de 75 de los ejecutados eran extranjeros, subrayando la vulnerabilidad legal de las comunidades migrantes. Amnistía Internacional ha denunciado estas prácticas como violaciones a los derechos humanos.
Detenciones arbitrarias y represión de la disidencia
Las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y disidentes siguen siendo comunes. La ejecución de Turki al-Jasser en 2025 por denunciar corrupción ilustra la represión a la libertad de expresión. Activistas de derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ enfrentan encarcelamiento y castigos severos, incluida la pena de muerte. Los tribunales frecuentemente niegan derechos legales básicos, consolidando un clima de miedo.
La decisión de la FIFA normaliza un sistema represivo
Conceder la Copa del Mundo 2034 a Arabia Saudita legitima este sistema a nivel global. Las ejecuciones por delitos no violentos y la represión de la disidencia contradicen el compromiso de FIFA con los derechos humanos y el juego limpio, promoviendo el “sportswashing” y priorizando intereses económicos sobre ética.
Ignorancia de estándares internacionales de derechos humanos
Arabia Saudita viola leyes y convenciones internacionales contra juicios arbitrarios, tortura y procesos injustos. FIFA no impuso mecanismos de control ni condiciones vinculantes de derechos humanos, debilitando la protección internacional y el rol positivo del deporte.
Implicaciones de normalizar la represión a través del deporte
Permitir que Arabia Saudita albergue la Copa del Mundo erosiona la ética del deporte global, margina las voces de las víctimas y legitima regímenes autoritarios, estableciendo un peligroso precedente donde el espectáculo prima sobre la justicia y la equidad.
Llamado al boicot y rendición de cuentas
Asociaciones de derechos humanos, activistas y actores del fútbol llaman al boicot de la Copa del Mundo 2034. Solo la oposición colectiva puede evitar la complicidad en legitimar un sistema judicial basado en miedo y represión, exigiendo a FIFA la implementación de criterios de derechos humanos.