El Mundial 2026 se vendió como la gran expansión del fútbol: más selecciones, más sedes, más unidad. En cambio, se está convirtiendo en una prueba en tiempo real de si la FIFA sigue siendo capaz de mantener la neutralidad política, en una era en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trata abiertamente el torneo como una herramienta de diplomacia de Estado y de poder personal.
Desde el “Premio de la Paz de la FIFA” entregado a Trump, hasta los vetos de viaje, las amenazas de boicot y el riesgo de que selecciones como Irán ni siquiera pisen suelo estadounidense, la frontera entre deporte global y teatro geopolítico se está difuminando deliberadamente. La verdadera cuestión ya no es sólo si 2026 puede salvarse, sino si las decisiones de la FIFA de hoy envenenarán la credibilidad de 2034 antes incluso del saque inicial.
La cuerda floja política de la FIFA
Los estatutos de la FIFA exigen oficialmente neutralidad política, pero su dirigencia se ha acercado cada vez más a líderes poderosos, con Trump como ejemplo más evidente. La decisión de Gianni Infantino de crear y otorgar personalmente un “Premio de la Paz de la FIFA” a Trump durante el sorteo del Mundial 2026 desencadenó una denuncia formal de la ONG FairSquare, que lo acusa de violar el artículo 15 del Código de Ética de la FIFA al hacer lobby a favor de Trump y avalar su agenda política.
Los críticos sostienen que cuando el presidente de la FIFA declara públicamente que Trump “sin duda merece” un Premio Nobel de la Paz y luego inventa un galardón de la FIFA hecho a medida para halagarlo, la FIFA deja de ser un regulador neutral para convertirse en un amplificador de la política presidencial estadounidense.
Esta caminata sobre la cuerda floja no es abstracta; tiene consecuencias materiales sobre cómo se toman decisiones y cómo se gestiona la disidencia. Si el máximo responsable del fútbol mundial parece personalmente invertido en la suerte política de Trump, las federaciones que contemplen protestas o boicots saben que estarían desafiando no sólo a un gobierno anfitrión, sino también a la propia cúpula de la FIFA.
El desequilibrio de poder es evidente: las asociaciones dependen de las reglas de la FIFA y de su financiación, mientras que Infantino ha demostrado estar dispuesto a estirar las normas de gobernanza para cultivar padrinos políticos, desde las monarquías del Golfo hasta la Casa Blanca. El resultado no es neutralidad, sino un patrón: donde el poder político es más fuerte, las líneas rojas éticas de la FIFA se vuelven negociables.
Un Mundial 2026 en peligro
La expansión del Mundial a 48 selecciones y la triple sede en Estados Unidos, Canadá y México se presentaron como una forma de diluir el riesgo político; en la práctica, el peso estadounidense lo ha multiplicado.
La política exterior de Trump ya ha generado dudas sobre si todos los jugadores, cuerpos técnicos y aficionados de las selecciones clasificadas podrán entrar en el país, dado que las nuevas restricciones de viaje y visado afectan a decenas de Estados, incluyendo importantes naciones futbolísticas.
Informes describen una paralización o ralentización masiva en la tramitación de visados para ciudadanos de un largo listado de países, obligando a la FIFA a contemplar la posibilidad de que la agenda migratoria del anfitrión se imponga a su propio compromiso con la participación en igualdad de condiciones.
Sobre esta tensión estructural se superponen focos geopolíticos aún más agudos. La ofensiva provocadora de Trump para reivindicar Groenlandia ya ha generado debates entre responsables políticos y figuras del fútbol europeos sobre algo antes impensable: boicotear un Mundial organizado por un aliado de la OTAN para protestar contra ambiciones expansionistas.
Expertos en geopolítica del deporte señalan que un boicot coordinado, de producirse, formaría probablemente parte de un paquete de sanciones más amplio, convirtiendo el Mundial en un instrumento explícito de presión diplomática más que en un espacio aparte.
Que estas conversaciones sean ya parte del debate público demuestra hasta qué punto el torneo de 2026 es frágil; el riesgo no es sólo el colapso logístico, sino un evento eclipsado por la pregunta de si participar equivale, o no, a complicidad.
Irán y la sombra de la exclusión
Ninguna selección ilustra mejor el choque entre narrativas de seguridad, política estadounidense y responsabilidades de la FIFA que Irán. Sobre el papel, Irán se ha ganado su plaza en el Mundial 2026 ampliado a través de la clasificación asiática y sigue siendo una de las selecciones más constantes de la región.
En la práctica, su participación ya está enredada en denegaciones de visado, revisiones de seguridad y en la arquitectura más amplia de vetos de viaje y sanciones impulsadas por Trump. Autoridades y medios iraníes han relatado episodios en los que delegaciones fueron privadas de visados para eventos clave como el sorteo del Mundial, alimentando la posibilidad de que una selección clasificada quede excluida de fases preparatorias cruciales por motivos políticos.
Más recientemente, la FIFA ha confirmado públicamente que la participación de Irán está “bajo evaluación” ante el aumento de las preocupaciones de seguridad, una expresión tan vaga como inquietante.
Mientras la FIFA subraya la seguridad de todas las selecciones, los críticos recuerdan que un lenguaje similar se ha usado a menudo para justificar una severidad selectiva, como se vio con la rápida exclusión de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania. Irán, ya sometido a un endurecimiento del veto migratorio de Estados Unidos y a una intensa demonización geopolítica, puede descubrir que su destino se decide menos por el mérito deportivo que por la voluntad de la FIFA de enfrentarse a su principal anfitrión en materia de visados, narrativas de seguridad e igualdad de acceso.
Si una selección clasificada queda de facto fuera mediante obstáculos burocráticos o pretextos securitarios, se asentará un precedente de descalificación políticamente conveniente.
La controversia del Premio de la Paz de la FIFA
El “Premio de la Paz de la FIFA” otorgado a Trump es un estudio de caso revelador de cómo un símbolo puede destapar fallos de gobernanza más profundos. Según FairSquare, el galardón se habría creado y concedido sin la debida autorización del Consejo de la FIFA, contraviniendo los propios estatutos de la organización sobre cómo deben aprobarse las grandes iniciativas y los programas basados en valores.
La ONG denuncia al menos cuatro violaciones distintas del deber de neutralidad, incluida la defensa pública de Infantino para que Trump reciba el Premio Nobel de la Paz y sus declaraciones en Miami, interpretadas como un respaldo a la agenda política presidencial. Para una institución que insiste en presentarse como guardiana de un deporte apolítico, honrar a un presidente en ejercicio con un premio de “paz” mientras su administración endurece vetos migratorios y recorta fondos humanitarios parece menos ingenuidad que alineamiento calculado.
La reacción ha sido rápida y demoledora. Organizaciones de derechos humanos y observatorios de gobernanza han calificado el premio de “vulgar”, señalando que trivializa tanto la noción de paz como el sufrimiento de las comunidades objetivo de la retórica y las políticas de Trump.
En los círculos futbolísticos, algunos dirigentes pueden considerar el espectáculo como algo absurdo, pero también perciben sus implicaciones: si Infantino puede instrumentalizar unilateralmente el capital moral de la FIFA para halagar a un aliado político, ¿qué le impediría hacerlo en futuras decisiones sobre sedes, sanciones o derechos de retransmisión? La polémica del Premio de la Paz se convierte así en algo más que un desastre comunicativo; es una prueba para saber si la maquinaria ética de la FIFA puede contener a su propio presidente cuando el acceso al poder está en juego.
¿Deporte o teatro político?
En conjunto, estas tendencias plantean una pregunta fundamental: ¿el fútbol global sigue siendo un espacio cultural independiente o ha sido absorbido por la lógica del poder político y la gestión de imagen? El enfoque de Trump hacia el Mundial 2026 —presumir de su papel en la adjudicación del torneo, usar el evento para proyectar fuerza y verlo como herramienta de ganancia política interna— sugiere que entiende su valor simbólico mejor que muchos administradores del fútbol. Cuando esa comprensión se cruza con una dirigencia de la FIFA ansiosa por la cercanía a presidentes y príncipes, el resultado es una arquitectura de torneo en la que cada decisión de visado, cada restricción de viaje o cada choque diplomático puede convertirse en palanca.
La erosión de la independencia no se explica sólo por la injerencia directa, sino también por la autocensura y la indignación selectiva. La FIFA actuó con rapidez contra Rusia cuando varias federaciones europeas se negaron a jugar, pero parece mucho más cauta a la hora de enfrentarse a Washington por vetos de viaje que podrían bloquear a varias selecciones y a miles de aficionados.
Esta asimetría indica que los principios se aplican según el peso político y no como normas universales, animando a los gobiernos a ver el fútbol no como un terreno neutral, sino como otro frente donde la influencia se compra, se negocia o se impone. En ese entorno, el “deporte del mundo” corre el riesgo de convertirse en un escenario donde jugadores y hinchas son figurantes en un guion geopolítico ajeno.
Lecciones para la FIFA 2034
Las decisiones que la FIFA tome en torno a 2026 resonarán con fuerza al acercarse la adjudicación y organización del Mundial 2034. Si la organización normaliza premios hechos a medida para líderes en ejercicio, el silencio ante regímenes de visados discriminatorios y la marginación silenciosa de selecciones incómodas, los futuros países aspirantes extraerán su conclusión: cultivar lazos personales con la cúpula de la FIFA, prometer lealtad política y esperar indulgencia incluso en plena controversia.
Esa lógica favorece claramente a Estados con poder político concentrado y baja transparencia, acelerando una tendencia ya visible de traslado de megaeventos hacia regímenes autoritarios o semi‑autoritarios.
Por el contrario, las federaciones y actores de la sociedad civil que impulsan criterios basados en derechos humanos, normas de neutralidad vinculantes y un control ético independiente deberán tratar 2026 como una línea roja, no como una excepción.
Si hoy se puede apartar discretamente a Irán invocando la seguridad, mañana se podrá sacrificar de la misma manera a otra nación políticamente incómoda; si un veto migratorio estadounidense puede moldear la participación sin apenas resistencia, un futuro anfitrión podrá replicar el esquema para silenciar críticas o marginar rivales.
El modelo de gobernanza que se consolide ahora —en visados, sanciones, supervisión ética y relación entre el presidente de la FIFA y los jefes de Estado— determinará si el Mundial 2034 será percibido como un campeonato mundial legítimo o como un espectáculo de marca diseñado al servicio de un reducido club político.
El Mundial ha sobrevivido a guerras, dictaduras y escándalos de corrupción, pero rara vez se ha enfrentado a una instrumentalización tan abierta por parte de una superpotencia anfitriona, respaldada por una dirigencia de la FIFA complaciente.
Si 2026 se desarrolla como un torneo en el que el acceso, el reconocimiento e incluso la propia “paz” dependen de la cercanía a la Casa Blanca, para 2034 el mito del fútbol como bien común global puede resultar irreparable. La cuestión de fondo ya no es si la FIFA puede gestionar la política, sino si no ha sacrificado ya el alma del juego en nombre del poder, dejando los futuros Mundiales como escaparates para quienes sean capaces de doblegar tanto el deporte como su gobernanza a su voluntad.