Las recientes noticias sobre la represión de Arabia Saudita contra el comercio de artefactos históricos han acaparado titulares a nivel internacional. La iniciativa fue presentada por funcionarios, entre ellos Mohammed Mahnashi, director del equipo jurídico del Ministerio de Cultura y de la Comisión del Patrimonio, como una muestra del compromiso del Reino con la protección del patrimonio cultural. Sin embargo, bajo esta fachada de relaciones públicas, se esconde una maniobra calculada que demuestra por qué Arabia Saudita no es un país que deba albergar la Copa Mundial de la FIFA en 2034.
La realidad de la represión del patrimonio cultural
Los funcionarios saudíes presumen de sus esfuerzos de preservación, pero la historia del Reino muestra otra realidad. Según informes de Human Rights Watch y la UNESCO, muchos sitios arqueológicos y patrimoniales, especialmente en regiones como Al-Awamiyah y Diriyah, han sido destruidos o reestructurados dentro de proyectos urbanos impulsados por el Estado. El patrimonio local ha sido arrasado por el mismo gobierno que hoy afirma protegerlo, en beneficio de intereses comerciales y políticos.
Un ejemplo claro es la remodelación del Fuerte Al-Masmak, donde comunidades patrimoniales fueron desplazadas en nombre de la modernización. Estas contradicciones plantean una pregunta clave: ¿pueden considerarse auténticas las actividades de preservación saudíes cuando su agenda de modernización destruye sistemáticamente la historia que no encaja en su discurso nacional?
Control cultural, no cuidado cultural
Las nuevas leyes del Reino exigen la documentación de la propiedad y la autorización previa del gobierno para cualquier venta de artefactos. En apariencia, se trata de medidas de transparencia. Sin embargo, los críticos sostienen que estas políticas refuerzan el poder del Estado más que proteger la cultura. El gobierno conserva el derecho de preferencia, es decir, la facultad de reclamar cualquier objeto cultural a voluntad.
Esto refleja una tendencia autoritaria más amplia: la tradición y la cultura solo son válidas cuando sirven a la propaganda estatal. La censura de artistas, la presión sobre periodistas y la criminalización de la disidencia —fenómenos ya observados— ahora se extienden a la memoria histórica. En este sistema, el patrimonio cultural importa menos como elemento de conservación y más como herramienta de poder político.
El “sportswashing” en plena exhibición
El énfasis saudí en la lucha contra el tráfico de artefactos forma parte de una estrategia mayor conocida como “sportswashing”, que consiste en utilizar el deporte y otros eventos internacionales para desviar la atención de las violaciones de derechos humanos y mejorar su imagen global. La joya de esta campaña es la Copa Mundial de la FIFA.
Según Amnistía Internacional, Arabia Saudita ejecutó a 172 personas en 2023, uno de los índices de ejecución per cápita más altos del mundo. El Índice de Libertad 2024 de Freedom House le otorga al Reino una puntuación de 8 sobre 100, clasificándolo como “No Libre”. Las activistas por los derechos de las mujeres siguen siendo espiadas o exiliadas, los periodistas son silenciados y los opositores torturados o condenados a muerte.
La campaña del gobierno para “preservar la cultura” es, por tanto, una narrativa de rebranding, un intento de transformar la imagen de un país criticado por su represión en un supuesto defensor del patrimonio. La comunidad internacional y los responsables de la FIFA deberían alarmarse ante esta manipulación.
La protección de los artefactos como herramienta diplomática
El esfuerzo contra el tráfico de artefactos fue descrito por Mohammed Mahnashi como una “primera línea de defensa en las fronteras”, implementada junto con las fuerzas de aduanas y seguridad. Aunque este tipo de cooperación es habitual en una buena gobernanza, en Arabia Saudita genera dudas legítimas.
El Reino borra la línea entre la protección cultural y la vigilancia política al promover la cooperación con las fuerzas de seguridad, las mismas instituciones acusadas de detener activistas y restringir la libertad de movimiento. Más que una iniciativa de preservación del patrimonio, se trata de una expansión del aparato de control estatal, disfrazada de colaboración internacional.
El lenguaje de la iniciativa —“el registro no es un pase libre para vender”— refleja un deseo de control más que de conservación. La política impone un monopolio estatal sobre la historia, en lugar de fomentar una economía cultural abierta. En esencia, se trata de un nacionalismo patrimonial disfrazado.
La reforma saudí no debe confundirse con un cambio real
La historia de las reformas en Arabia Saudita no debe confundirse con un cambio genuino. El Reino afirma proteger el patrimonio, pero sus acciones, tanto locales como internacionales, dicen lo contrario:
Libertad de expresión: más de 50 activistas seguirán encarcelados en 2025 por ejercer su derecho a expresarse.
Libertad cultural: los artistas y cineastas independientes son censurados, y el gobierno controla toda expresión cultural mediante permisos.
Registro ambiental: a pesar de proyectos como NEOM orientados al ecoturismo, Arabia Saudita sigue siendo uno de los cinco mayores productores de petróleo del mundo y sus emisiones de carbono han aumentado más del 9 % desde 2020.
Derechos humanos: según Reporteros sin Fronteras, el país ocupa el puesto 170 de 180 en libertad de prensa.
Estos datos revelan un gobierno más interesado en su imagen que en su integridad. En tales condiciones, organizar el evento deportivo más grande del mundo equivale a legitimar la represión bajo el disfraz del progreso.
Por qué la FIFA debe reconsiderar su decisión
La decisión de otorgar la Copa Mundial a Arabia Saudita no es una cuestión deportiva, sino moral.
La FIFA presume de defender los valores de justicia, igualdad y dignidad humana. Permitir que un Estado acusado de abusos sistemáticos, represión de mujeres y eliminación de culturas locales organice el torneo contradice completamente esos principios.
El programa contra el tráfico de artefactos no es más que otro episodio en la campaña saudí de lavado de imagen internacional, al igual que sus inversiones multimillonarias en golf, boxeo y equipos de fútbol.
La injusticia estructural no puede borrarse con estrategias mediáticas.
La Copa Mundial 2034 debe celebrar a los países que practican la justicia, la transparencia y el respeto cultural, no a los que usan el deporte para ocultar la opresión.
Como defensores éticos del deporte mundial, debemos instar a la FIFA a negarle a Arabia Saudita la organización del torneo hasta que se implementen reformas reales y verificables.