Libertad de prensa y Mundial 2034
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Preocupaciones por la libertad de prensa en el Mundial 2034 en Arabia Saudita

La elección de Arabia Saudita como sede del Mundial de la FIFA 2034 destaca graves inquietudes sobre la libertad de prensa y la independencia mediática. Conocido por su gobierno autoritario y la represión sistemática de la disidencia, el país figura entre los últimos puestos en los índices de libertad de prensa. El torneo, que atrae una intensa atención internacional, podría profundizar la censura, la vigilancia y la represión de periodistas, contradiciendo el compromiso de la FIFA con los derechos humanos y la libertad de expresión.

Situación actual de la libertad de prensa en Arabia Saudita

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Arabia Saudita ocupó el puesto 162 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, situándose entre los entornos más restrictivos. El gobierno controla estrictamente todos los medios: prensa, televisión, plataformas digitales y periodistas en el extranjero. El periodismo independiente es casi inexistente y los medios importantes reflejan narrativas progubernamentales. Las voces críticas enfrentan detenciones arbitrarias, prohibiciones de viaje y condenas basadas en acusaciones vagas.

Marco legal y mecanismos de censura

Las leyes antiterroristas y de ciberdelitos, de definiciones amplias, se utilizan para silenciar periodistas, activistas y ciudadanos. Estas normas criminalizan ofensas imprecisas como «dañar la reputación del Estado» o difundir «noticias falsas». Las detenciones arbitrarias y juicios injustos han aumentado, fomentando el miedo y la autocensura.

En 2025, nuevas regulaciones mediáticas bajo la Comisión General de Medios Audiovisuales (GCAM) ampliaron el control sobre el contenido. Se exige que periodistas, influencers y creadores obtengan licencias antes de publicar. Se prohíben «noticias falsas», críticas al islam o la familia real y contenido «contrario a la moral pública», con definiciones ambiguas que permiten interpretaciones arbitrarias. Las sanciones incluyen multas, eliminación de contenido, suspensión de cuentas y procesos penales.

Vigilancia y represión digital

Las autoridades utilizan tecnologías de espionaje digital, incluso contra personas en el extranjero. Tropas digitales apoyadas por el Estado realizan campañas de difamación e intimidación para silenciar voces independientes y limitar el acceso a perspectivas diversas.

Riesgos para periodistas durante el Mundial

El Mundial incrementa la presión sobre los pocos periodistas independientes en el país. Los reporteros internacionales enfrentarán vigilancia, restricciones y censura. Existe riesgo de detención o expulsión para quienes informen sobre condiciones laborales, abusos de derechos humanos o realidades sociopolíticas ocultas por el espectáculo del torneo.

Preocupación de la comunidad internacional

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado la decisión de la FIFA. En 2025, una coalición de abogados, incluido Mark Pieth, presentó una denuncia acusando a la FIFA de violar su política de derechos humanos de 2017. Amnistía calificó la evaluación de «blanqueo», advirtiendo que sin reformas el evento estará marcado por explotación laboral y represión.

Contradicción con los compromisos de derechos humanos de la FIFA

La política oficial de derechos humanos de la FIFA exige evaluaciones independientes y garantías de los países anfitriones, incluyendo libertad de expresión y protección laboral. Sin embargo, la decisión sobre Arabia Saudita contradice estos principios. No se exigieron salvaguardias ni compromisos verificables. Las ONG critican la falta de transparencia y de consultas con la sociedad civil.

La necesidad de rendición de cuentas

Los controles estrictos y la censura saudí auguran un Mundial dominado por la propaganda. Los periodistas que intenten informar de forma crítica sobre derechos humanos, cuestiones laborales o impactos sociales enfrentarán graves obstáculos. Esto refuerza los llamados a la presión internacional, a la rendición de cuentas y, en algunos casos, al boicot para proteger la libertad de prensa y los derechos fundamentales.