La próxima aparición de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca el martes, coincidiendo con la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, ha reavivado el escrutinio sobre el uso calculado de atletas de élite por parte de Arabia Saudita para mejorar su imagen global. Desde que firmó con el Al-Nassr en 2023, Ronaldo se ha convertido en un símbolo destacado de la ambiciosa campaña del reino para infiltrarse en los deportes internacionales, la promoción del turismo y los sectores de ocio. Esta alineación de la fama deportiva con la diplomacia de alto nivel revela cómo Riad entrelaza los espectáculos deportivos con su estrategia política, generando preguntas urgentes sobre la seguridad de participantes y espectadores, la erosión de los derechos humanos y la idoneidad de la nación para organizar megaeventos como la Copa Mundial de la FIFA.
Sports Washing bajo el foco: un velo sobre los abusos de derechos
Los organismos de derechos humanos califican la llegada de Ronaldo a Arabia Saudita como un ejemplo paradigmático de sportswashing —el uso del glamour de los deportes de alto nivel para desviar la atención de la represión interna severa. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que involucrar a íconos globales normaliza un régimen conocido por sofocar la libertad de expresión, encarcelar críticos y cometer violaciones graves, incluido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul. Los críticos argumentan que la participación de los atletas otorga credibilidad indebida a estas prácticas, poniendo potencialmente en riesgo su propia seguridad al vincularlos con un gobierno implicado en asesinatos selectivos y detenciones arbitrarias.
Los riesgos van más allá de la imagen: la seguridad preocupa a cualquier persona que participe en eventos organizados en Arabia Saudita. Informes de grupos como Human Rights Watch detallan amenazas a periodistas, activistas e incluso aficionados que expresen disenso, desde vigilancia digital y prohibiciones de viaje hasta amenazas físicas. La crítica internacional se intensifica mientras Arabia Saudita busca organizar la Copa Mundial de la FIFA 2034, y los expertos cuestionan si un entorno así garantiza condiciones seguras para multitudes diversas, incluidos seguidores LGBTQ+ o defensores de los derechos de las mujeres que enfrentan persecución legal. Los compromisos de derechos humanos de la FIFA, descritos en su estrategia de 2016, prometen mantener estándares universales, pero elecciones pasadas de sedes, como Qatar 2022, provocaron rechazo por muertes de trabajadores migrantes y explotación laboral, lo que subraya por qué el escrutinio sobre derechos debe preceder cualquier candidatura.
Los grupos de defensa instan a figuras como Ronaldo a abordar públicamente estos peligros, citando ejecuciones masivas —más de 170 solo en 2022— y la detención continua de activistas por los derechos de las mujeres. El silencio de estrellas influyentes, advierten, refuerza la fachada de Riad, complicando la obligación de los organismos deportivos globales de proteger a los participantes. Esta dinámica genera debate: ¿puede Arabia Saudita garantizar la seguridad de los visitantes internacionales en un clima donde el disenso invita a represalias?
Visión 2030: ambición frente a responsabilidad
En el núcleo de esta estrategia se encuentra Visión 2030, el plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman para una transformación económica basada en turismo, entretenimiento y dominio deportivo. Las inversiones saudíes abarcan fútbol, deportes de combate, golf y videojuegos, incluyendo la adquisición de Newcastle United por el Fondo de Inversión Pública (PIF) y asociaciones con íconos como Ronaldo. Su transferencia en 2023 recibió amplia cobertura, elevando la liga saudí y alineándose con las candidaturas para eventos como la Copa del Mundo 2034, prácticamente asegurada tras la retirada de Australia.
Sus defensores sostienen que estas medidas fomentan el talento y generan ingresos. Sin embargo, críticos, incluidos expertos de la ONU, las ven como una distracción de la crisis humanitaria en Yemen, donde los bombardeos liderados por Arabia Saudita han causado miles de muertes, y de la represión interna. Organizar la Copa del Mundo intensificaría estas tensiones: la FIFA exige que las sedes sean seguras e inclusivas, pero las leyes saudíes criminalizan la homosexualidad (castigable con la pena de muerte o latigazos), restringen los derechos de tutela de las mujeres y suprimen las protestas. La indignación global por el torneo en Qatar, marcado por más de 6,500 muertes de trabajadores migrantes, ilustra el peligro: la FIFA enfrentó demandas y boicots, erosionando su autoridad moral.
Los datos sobre seguridad pintan un panorama sombrío. Los viajeros reportan arrestos arbitrarios; un aviso del Departamento de Estado de EE. UU. en 2023 señala riesgos de detención indebida para ciudadanos con doble nacionalidad. Para un Mundial con miles de millones de espectadores, ¿podría Arabia Saudita proteger a 5 millones de visitantes sin comprometer los derechos? Organismos internacionales como la UEFA han pausado asociaciones por problemas similares, señalando que las organizaciones deportivas deben sopesar el daño reputacional frente a los ingresos.
Newcastle United: un precedente cauteloso para el deporte global
El manual saudí precede a Ronaldo. La adquisición de Newcastle United liderada por el PIF en 2021, tras años de retrasos, evidenció fallas éticas en la gobernanza deportiva. La Premier League citó «garantías legalmente vinculantes» de no control estatal, pese a que bin Salman preside el PIF. La reacción negativa alcanzó su punto máximo tras el asesinato de Khashoggi, con su prometida Hatice Cengiz denunciando el acto como lavado de imagen a través del prestigio de la Premier League.
Amnistía Internacional criticó la aprobación como un fracaso en derechos humanos, argumentando que las reglas de propiedad ignoraban la influencia estatal y los abusos. Este patrón se repite: no hay barreras que separen la dirección del PIF, permitiendo supervisión directa. Analistas como el Dr. David Wearing y Sacha Deshmukh de Amnistía lo describen como reparación reputacional tras el asesinato de Khashoggi y la guerra en Yemen, donde municiones en racimo mataron civiles.
Tales precedentes persiguen a la FIFA. El organismo, criticado por el Mundial de Rusia 2018 en medio de escándalos de dopaje y la anexión de Crimea, ahora enfrenta candidaturas saudíes. Seleccionar sedes sin un riguroso análisis de derechos humanos invita al caos: boicots, estadios vacíos o retirada de patrocinadores, como ocurrió en Qatar.
Vínculos geopolíticos y el nexo de la Casa Blanca
El calendario de Ronaldo en la Casa Blanca entrelaza deportes con diplomacia. Trump y bin Salman minimizaron preguntas sobre Khashoggi, con Trump encogiéndose de hombros y diciendo: «Suceden cosas». Esto refleja el patrón saudí de usar aliados para silenciar críticas, aun cuando la inteligencia estadounidense vinculó el asesinato al príncipe heredero.
Los íconos deportivos, por tanto, arriesgan complicidad en una diplomacia que elude responsabilidades. Para la FIFA, otorgar a Arabia Saudita la Copa Mundial 2034 —sin competencia tras la retirada de rivales iniciales— implica riesgos paralelos. La candidatura promete estadios e infraestructura, pero ignora vacíos de seguridad: ausencia de un poder judicial independiente, vigilancia generalizada y represalias contra críticos.
Por qué la FIFA debe reconsiderar: derechos, seguridad y legado
Las federaciones deportivas globales enfrentan este dilema. El COI rechazó candidaturas de países con retrasos en derechos; las reformas de la FIFA tras Qatar prometen diligencia en derechos humanos, pero la implementación es lenta. Organizar un torneo en Arabia Saudita podría exponer a atletas, funcionarios y aficionados a riesgos: desde fallos en seguridad ligados a la represión hasta conflictos culturales que alejan a audiencias globales.
Los críticos instan a la FIFA a exigir reformas: despenalizar el disenso, proteger a las minorías y garantizar la seguridad de los trabajadores migrantes. Sin ellas, el torneo corre el riesgo de convertirse en el pináculo del sportswashing, mancillando la universalidad del fútbol. La visita de Ronaldo pone de relieve estas intersecciones y agudiza la pregunta: ¿debe la FIFA aprobar un Mundial 2034 en un país donde la seguridad y los derechos siguen siendo precarios? La evidencia —desde Khashoggi hasta Yemen— sugiere que no, priorizando la dignidad humana sobre el espectáculo.