Cuando Arabia Saudita anunció recientemente nuevas regulaciones laborales que prohíben a los empleadores cobrar a las trabajadoras domésticas tarifas de contratación o permisos de trabajo, muchos comentaristas internacionales lo celebraron como un gran avance. Saudi Gazette calificó la medida como un paso hacia garantizar “una vida digna y un entorno laboral estable” para las trabajadoras del hogar. Sobre el papel, parece un hito humanitario. Pero si se observa de cerca, esta nueva ley parece ser otro elemento más en la campaña de sportswashing del Reino, un intento de limpiar su reputación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2034.
Un cambio conveniente, perfectamente sincronizado
El anuncio llega en un momento estratégico. Mientras el mundo observa la preparación para el Mundial 2034, el gobierno saudí busca proyectar una imagen de modernidad y benevolencia. Esta “prohibición de tarifas a los empleadores” se presenta como una defensa de la dignidad humana, pero probablemente sea una defensa de su reputación.
El patrón es conocido: declaraciones grandilocuentes, elogios internacionales y una implementación débil. Lo mismo ocurrió cuando Arabia Saudita reformó su infame sistema de Kafala en 2021. El mundo aplaudió la noticia, pero miles de trabajadores migrantes siguieron sufriendo explotación, salarios impagos y agresiones físicas.
Estas reformas rara vez llegan a quienes más las necesitan. Más bien, funcionan como una campaña publicitaria para el liderazgo saudí: pruebas para los observadores internacionales de que existe “reforma”, mientras el país continúa teniendo uno de los mercados laborales más restrictivos del mundo.
La realidad de los trabajadores migrantes
Más de dos millones de trabajadores paquistaníes trabajan hoy en Arabia Saudita, además de millones de egipcios, bangladesíes, indios, esrilanqueses, indonesios y filipinos. Son la columna vertebral de la economía saudí: limpian casas, conducen vehículos, preparan comida y construyen edificios. Pero también son quienes más sufren abusos.
A pesar de las reiteradas declaraciones de “protección laboral”, la mayoría de las trabajadoras domésticas siguen enfrentando jornadas excesivas, retrasos en el pago de salarios y explotación por parte de empleadores que rara vez rinden cuentas. Incluso el reciente manual que regula el trabajo doméstico contiene disposiciones que refuerzan la dominación más que la libertad. Por ejemplo, las trabajadoras deben “respetar el Islam y los valores morales de la sociedad” y pueden ser multadas o deportadas por infracciones ambiguas.
Una trabajadora del hogar puede recibir una multa de 2.000 riyales saudíes o ser deportada a sus propias expensas por “mala conducta”. En cambio, los empleadores que violan estas regulaciones enfrentan multas mínimas que no disuaden el abuso. En la práctica, el poder sigue estando completamente en manos del empleador. El sistema que vincula la residencia de la trabajadora a su empleador —una forma de servidumbre moderna— permanece intacto.
Reformas para los titulares, no para las trabajadoras
No es la primera vez que Arabia Saudita anuncia “reformas” de derechos humanos pomposas pero ineficaces. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado continuamente cómo los trabajadores migrantes siguen viviendo condiciones cercanas a la esclavitud moderna.
Incluso en las nuevas regulaciones, los supuestos “derechos” de las trabajadoras domésticas —como días de descanso, vacaciones pagadas y no tener que entregar su pasaporte— ya se encuentran en normas laborales internacionales básicas. Arabia Saudita no está creando nuevas protecciones; simplemente está promocionando derechos elementales que debieron existir hace décadas.
El momento de la noticia es lo más revelador. Con esta reforma previa al Mundial 2034, el país busca demostrar que está “evolucionando”. Pero como el mundo vio antes y durante Catar 2022, reformas superficiales no pueden borrar décadas de abusos ni la sangre de miles de obreros fallecidos construyendo estadios.
De Catar 2022 a Arabia Saudita 2034: el manual del sportswashing
Arabia Saudita está siguiendo el mismo guion que Qatar: implementar reformas simbólicas, hacer propaganda de ellas y utilizar el deporte para legitimar un sistema represivo.
Esta vez, los riesgos son aún mayores. Las violaciones de derechos humanos saudíes van más allá de los abusos laborales: el reino continúa ejecutando a menores, silenciando la disidencia e encarcelando activistas —incluidas mujeres que lucharon por derechos básicos como conducir o salir de casa sin permiso masculino—.
Al otorgar a Riad la Copa Mundial 2034, la FIFA nuevamente ha ignorado su propio historial de derechos humanos. En lugar de premiar a países que promueven la igualdad, sigue asociándose con gobiernos autoritarios que utilizan el deporte como propaganda exterior.
Organizar el mayor evento deportivo del mundo debería ser un privilegio basado en la justicia, no un premio de relaciones públicas para quienes intentan ocultar la opresión.
Las cláusulas ocultas del control
Incluso en esta guía laboral supuestamente “progresista”, Arabia Saudita refuerza el control del empleador. Las trabajadoras domésticas deben jurar guardar “los secretos del hogar”, obedecer códigos morales y “proteger la propiedad del empleador”. Una sola acusación puede resultar en deportación.
No existe un tribunal laboral independiente que defienda a las trabajadoras, ni un sistema de denuncias funcional, ni garantías de que se sancione realmente a los empleadores abusivos. La reforma suena benévola, pero funciona como un contrato de sumisión.
Esto no es empoderamiento: es gestión de imagen. Cada cláusula, cada multa y cada titular parecen diseñados para anunciar: “Miren, estamos reformando”, más que para proteger vidas.
Por qué la FIFA y el mundo no deben caer en la trampa
La comunidad futbolística internacional, las organizaciones de derechos humanos y la afición tienen la responsabilidad de no repetir los errores de Catar 2022. Miles de trabajadores migrantes fueron explotados y murieron por un torneo que la FIFA prometió que traería “cambio”.
Si el mundo realmente cree en el juego limpio y en la dignidad, debe exigir algo más que notas de prensa. Antes de considerar a Arabia Saudita apta para organizar el Mundial 2034, debe:
• Abolir por completo el sistema de Kafala
• Garantizar sindicatos independientes y asistencia legal
• Asegurar juicios justos y poner fin a detenciones arbitrarias
• Proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta
Sin medidas reales, ningún partido, ningún estadio y ninguna nueva ley debería convencer al mundo de que Arabia Saudita respeta los derechos humanos.
Un llamado a la justicia antes de la celebración
La reforma saudí sobre trabajadoras domésticas es un espejismo de progreso: un comunicado pulido para consumo internacional, no para los millones de trabajadoras migrantes que siguen viviendo con miedo constante. El mundo no puede aplaudir cambios cosméticos mientras hace silencio ante la injusticia.
Mientras Arabia Saudita se prepara para 2034, debemos preguntarnos: ¿estamos celebrando fútbol o celebrando a un régimen que usa el fútbol para lavar su imagen?
La respuesta determinará no solo el futuro del deporte, sino también la integridad de cada organización y país que elija mirar hacia otro lado.
Hasta que Arabia Saudita implemente justicia real —no titulares—, no debe acoger la Copa Mundial 2034. El mundo debe boicotear Arabia 2034 y exigir responsabilidad antes que aplausos.