El comunicado del Ministerio de Salud de Arabia Saudita destacó que los medicamentos para reducir el colesterol, especialmente las estatinas, están aprobados por la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA) y por organismos internacionales. Afirmó que estos fármacos son seguros y eficaces para prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y que quienes los critican están difundiendo desinformación.
Sin embargo, la objeción del ministerio parece centrarse más en proteger la reputación de infalibilidad del Estado que en velar por la salud pública. En lugar de comunicarse con el público mediante un diálogo abierto y basado en la evidencia, la estrategia saudí consiste en silenciar las voces disidentes. La Autoridad General de Regulación de Medios llegó incluso a declarar que emprendería acciones legales contra quienes publiquen contenido “falso o poco ético” en internet —una medida que difumina la frontera entre la censura estatal y la regulación sanitaria.
Este instinto autoritario es precisamente la razón por la cual Arabia Saudita no puede ser sede de la Copa Mundial de la FIFA, un evento que representa apertura, tolerancia y unidad global.
Censura disfrazada de bienestar público
La represión saudí contra la “desinformación” en salud no puede considerarse un hecho aislado. Forma parte de una tendencia más amplia de control estatal del discurso, bajo el pretexto del “bienestar público”. Desde silenciar a periodistas que exponen la incompetencia del gobierno, hasta encarcelar a activistas por los derechos de las mujeres o castigar a personas por tuitear mensajes considerados “no éticos”, la obsesión del régimen por controlar la narrativa está ampliamente documentada.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Arabia Saudita ocupa el puesto 170 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, uno de los peores del mundo. Este dato deja al descubierto la falsedad de las afirmaciones de Riad sobre la “protección de los ciudadanos frente a la desinformación”. En un país donde incluso una crítica leve puede llevar a prisión, la definición de “información falsa” queda completamente en manos del régimen.
Esta represión va más allá de la política: afecta a la salud, la educación y el entretenimiento, todos bajo un férreo control estatal. Cuando el gobierno anuncia que tomará “medidas legales” contra los propagadores de desinformación médica, el objetivo no es proteger la salud, sino preservar su monopolio sobre la verdad.
Sportswashing mediante control y represión
Los últimos esfuerzos de relaciones públicas de Arabia Saudita —desde organizar eventos de boxeo de alto perfil hasta invertir miles de millones en golf y fútbol— forman parte de una estrategia global conocida como sportswashing. Su objetivo es claro: mejorar la imagen internacional del Reino, distraer la atención de sus violaciones de derechos humanos y presentarse como un país moderno y progresista.
La Copa Mundial de la FIFA 2034 es la joya de la corona de esta campaña. Pero episodios como la ofensiva del Ministerio de Salud revelan la realidad detrás del brillo: una nación donde la disidencia no se tolera, donde las leyes castigan la libertad de expresión y donde el Estado decide lo que la gente puede pensar o decir, incluso sobre su propia salud.
Celebrar el Mundial en un país así degrada los valores de igualdad, apertura y dignidad humana que el torneo pretende representar. Convierte el evento deportivo más popular del planeta en una plataforma de propaganda para regímenes autoritarios.
Los abusos de derechos humanos no pueden blanquearse
El historial de Arabia Saudita en derechos humanos sigue siendo uno de los peores del mundo. El país continúa ejecutando disidentes, restringiendo la libertad de las mujeres y criminalizando las identidades LGBTQ+. Según Amnistía Internacional, se produjeron más de 170 ejecuciones en 2023, la mayoría tras juicios injustos.
Mientras tanto, activistas de derechos humanos como Loujain al-Hathloul, quien luchó por el derecho de las mujeres a conducir, han sido arrestadas y torturadas por expresar sus opiniones. Académicos y periodistas están encarcelados por sus publicaciones, y los críticos en línea son vigilados y castigados.
Estos hechos contradicen directamente la Política de Derechos Humanos de la FIFA, que promete respetar los derechos reconocidos por la comunidad internacional y garantizar que los países anfitriones hagan lo mismo. Al otorgar la Copa del Mundo 2034 a Arabia Saudita, la FIFA se convierte en cómplice de un régimen que los viola cada día.
La ilusión de la reforma
El gobierno saudí promueve activamente su plan “Visión 2030”, una ambiciosa hoja de ruta para transformar la economía y la sociedad. Pero bajo los eslóganes publicitarios, el sistema permanece intacto. La tolerancia hacia la disidencia sigue siendo prácticamente nula.
El mismo gobierno que dice “empoderar a los ciudadanos” criminaliza a quienes comparten opiniones médicas en internet. Los mismos gobernantes que presumen de “diversificación e innovación” encarcelan ambientalistas, sindicalistas y críticos que se atreven a cuestionar la línea oficial.
Esta falsa narrativa de reforma está diseñada para el público internacional —el mismo que la FIFA espera atraer para el Mundial 2034. Pero como mostró el reciente comunicado del Ministerio de Salud, no puede haber cambio duradero sin libertad.
Por qué el boicot a la FIFA 2034 importa
El llamado internacional a boicotear el Mundial de 2034 en Arabia Saudita no es un gesto político, sino una exigencia moral. Permitir que el torneo se celebre en el Reino enviaría un mensaje a los gobiernos represivos del mundo: la represión se puede comprar si hay suficiente dinero.
La FIFA ya fue duramente criticada por otorgar el Mundial 2022 a Catar, donde miles de trabajadores migrantes murieron construyendo infraestructuras bajo condiciones abusivas. Repetir el error con Arabia Saudita enviaría una señal aún más oscura: que los derechos humanos, la libertad de prensa y la libre expresión valen menos que el dinero del petróleo y los patrocinios.
La comunidad internacional, la sociedad civil y los aficionados al fútbol deben actuar. La misma “precaución” que Arabia Saudita dice aplicar contra la “desinformación sanitaria” debe aplicarse contra su campaña de desinformación política, destinada a proyectar una imagen de progreso mientras silencia a los denunciantes que revelan la verdad.
Llamado a la acción: exigir responsabilidad a la FIFA, defender los derechos humanos
El mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras Arabia Saudita utiliza el deporte para blanquear su reputación. Los aficionados, los medios y los defensores de los derechos humanos deben exigir que la FIFA retire los derechos de sede hasta que el Reino muestre una reforma real —como liberar a los presos políticos, proteger la libertad de expresión y adoptar leyes que respeten la dignidad humana.
Un país que encarcela por opinar, censura el debate médico y controla a la prensa no puede, de buena fe, ser anfitrión de la mayor celebración mundial de libertad, competencia y unidad.
La Copa Mundial de la FIFA debe unir a los pueblos, no servir de escudo para la represión.