En agosto de 2025, Arabia Saudita ejecutó a Jalal al-Labbad, un hombre de 30 años acusado de crímenes que supuestamente cometió cuando tenía 15. Esto ocurrió a pesar de la ley de 2018 del reino que prohíbe la pena de muerte para menores, en violación directa de normas internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron este acto como un desprecio flagrante hacia la ley y la justicia. Las autoridades saudíes sostienen que fue por seguridad nacional, pero en realidad fue un uso del poder estatal para reprimir la oposición.
Con Arabia Saudita como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034, surge un dilema moral: ¿puede el deporte ser ético si premia a un régimen que ejecuta niños, reprime la libertad de expresión y abusa sistemáticamente de los derechos humanos? La ejecución de Jalal al-Labbad hace imposible ignorar el costo humano de esta decisión.
El uso sistémico de la pena de muerte en Arabia Saudita
La ejecución de Jalal al-Labbad es especialmente significativa porque muestra que el reino está dispuesto a ejecutar a personas acusadas de crímenes cometidos cuando eran menores, algo estrictamente prohibido por el derecho internacional.
- En 2024, Arabia Saudita ejecutó al menos 309 personas.
- En 2025, ya se han ejecutado 260 personas (Reprieve).
- La mayoría son juicios políticos contra disidentes, minorías chiitas y manifestantes pacíficos.
En una ejecución masiva en marzo de 2022, de 81 hombres ejecutados, 41 eran de la minoría chiita.
Informes señalan que Jalal fue detenido en 2017 sin orden judicial, encarcelado en la prisión central de Dammam y torturado (electrocutado, estrangulado, golpeado, privado de sueño). Lo obligaron a firmar una confesión preparada, una práctica condenada por la ONU.
Ejecutar menores y silenciar la disidencia
La ejecución de personas que eran menores de edad al momento de los hechos es una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
El caso de Jalal es el primero desde junio de 2021 donde un acusado menor de edad es ejecutado. Esto marca un preocupante retroceso hacia una política que viola tanto las leyes internacionales como las locales.
Esta ejecución forma parte de una política más amplia de silenciar la disidencia. Al ejecutar activistas y manifestantes, incluso menores de 18, el gobierno saudí impone un clima de miedo.
Como explicó Jeed Basyouni (Reprieve):
“El castigo por la oposición es la muerte, sin importar si la persona tiene 15 o 50 años.”
Megaeventos como herramienta de sportswashing
Arabia Saudita ha utilizado cada vez más los grandes eventos deportivos para desviar la atención de sus abusos a los derechos humanos.
- La Copa Mundial 2034 sigue esta estrategia.
- Detrás de los estadios modernos, los trabajadores migrantes (Bangladés, India, Pakistán, Nepal) enfrentan condiciones inhumanas: robo de salarios, falta de seguridad, miles de muertes por accidentes laborales.
Mientras los fanáticos disfrutan del torneo, el reino sigue ejecutando disidentes —incluidos menores— y sofocando los derechos civiles.
Violaciones al derecho internacional
La ejecución de Jalal viola abiertamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la pena de muerte para delitos cometidos antes de los 18 años.
Arabia Saudita ha sido denunciada repetidamente por:
- Amnistía Internacional
- Human Rights Watch
- Naciones Unidas
Los juicios suelen basarse en pruebas secretas, confesiones forzadas y la Ley Antiterrorista, utilizada para criminalizar la protesta pacífica.
El costo humano más amplio
Más allá de los menores ejecutados, el costo humano incluye a los trabajadores migrantes que construyen la infraestructura del Mundial:
- Viven en condiciones de hacinamiento
- Trabajan jornadas extenuantes bajo calor extremo
- Acceso limitado a atención médica
Más de 1.000 trabajadores han muerto en la última década en proyectos relacionados con eventos internacionales en Arabia Saudita.
El caso de Jalal refleja un sistema más amplio de control y abusos.
El imperativo del boicot
La ejecución de Jalal al-Labbad no es un caso aislado. Refleja un régimen basado en represión, tortura, ejecuciones de menores y silenciar la disidencia.
Otorgar la Copa Mundial 2034 a Arabia Saudita es validar este sistema.
- Aficionados, patrocinadores e instituciones del fútbol deben reconocer el dilema moral.
- El deporte debe unir a las personas, no premiar regímenes abusivos.
Al boicotear Arabia 2034, la comunidad internacional puede enviar un mensaje claro: los derechos humanos y la dignidad prevalecen sobre el dinero y el espectáculo.
La muerte de Jalal al-Labbad no debe olvidarse. Es un recordatorio trágico de que el mundo no puede separar el deporte de la moral.