La reciente decisión de un juez federal estadounidense de permitir que las familias del 11-S continúen con la demanda que interpusieron contra Arabia Saudita ha vuelto a poner la reputación global del reino bajo los reflectores. En un fallo de 45 páginas, el juez de distrito George Daniels expuso pruebas extensas de que dos hombres vinculados al gobierno saudí, Omar al-Bayoumi y Fahad al-Thumairy, podrían haber ayudado a dos de los secuestradores del 11-S. Durante casi 25 años, los familiares de casi 3,000 víctimas han buscado justicia.
Como firme defensor de la exclusión de Arabia Saudita como sede del Mundial de la FIFA 2034, considero que este fallo es una advertencia grave: concederle al reino el privilegio de albergar el mayor escenario del fútbol sería una promoción suicida de la represión, el extremismo y la impunidad.
Las conclusiones del juez: una imagen preocupante
El juez Daniels señaló que las justificaciones de Arabia Saudita para las actividades de Bayoumi y Thumairy eran contradictorias y débiles. Bayoumi fue grabado en video discutiendo un misterioso “plan” cerca del Capitolio de EE. UU. y poseía bocetos de aviones con anotaciones matemáticas asociadas a trayectorias de descenso —pruebas que no pudo explicar. Además, hospedó a los secuestradores Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar en su apartamento en San Diego y los ayudó a encontrar alojamiento. Durante ese período, el gobierno saudí aumentó significativamente su salario.
Por su parte, Thumairy estaba vinculado a la mezquita King Fahad en Los Ángeles, donde los secuestradores acudieron “inmediatamente” tras su llegada. Los informes muestran llamadas telefónicas frecuentes entre Bayoumi, Thumairy, el consulado y la embajada saudí. El tribunal determinó que había pruebas circunstanciales suficientes para concluir que ambos actuaban bajo dirección del gobierno saudí al asistir a los secuestradores.
Para las familias de las víctimas, esto representó una victoria tras décadas de obstáculos judiciales. Para el mundo, surge la pregunta: si las pruebas irrefutables siguen señalando a Arabia Saudita en el 11-S, ¿cómo justifica la FIFA otorgarle al reino el honor de albergar el Mundial 2034?
La campaña de sportswashing de Arabia Saudita
Las inversiones deportivas de Arabia Saudita no están motivadas por amor al juego, sino por gestión de imagen. Con miles de millones invertidos en LIV Golf, Fórmula 1, boxeo internacional y fútbol, el reino está practicando sportswashing, maquillando su historial de derechos humanos con eventos de alto perfil.
La joya de esta política es la Copa Mundial de la FIFA. Organizarla en 2034 proyectará una imagen de reforma y modernización, mientras que la realidad sobre el terreno narra un guion completamente distinto: violaciones generalizadas de derechos humanos, represión intensa de la disidencia, discriminación institucionalizada contra las mujeres y un sistema judicial brutalmente punitivo.
La FIFA afirma ser defensora del respeto, la equidad y la inclusión. Sin embargo, al otorgar la Copa a Arabia Saudita, esos principios se ven socavados.
Estadísticas irrefutables
Los números suelen revelar lo que los informes oficiales quieren ocultar. Con Arabia Saudita, las cifras cuentan una historia escalofriante.
Explotación de trabajadores migrantes
Más de 21,000 trabajadores extranjeros han muerto desde 2017, cuando comenzaron los megaproyectos de “Visión 2030”, como Neom, la mayoría bajo causas ambiguas como “paro cardíaco” que encubren condiciones laborales abusivas.
Al menos 17 trabajadores migrantes nepalíes han muerto en los últimos 18 meses en obras saudíes, accidentes que con demasiada frecuencia ni siquiera se reportan.
Ejecuciones récord
En 2024, Arabia Saudita ejecutó a 345 personas —su cifra anual más alta en tres décadas.
A mediados de 2025, ya se habían llevado a cabo otras 180 ejecuciones.
Aproximadamente dos tercios fueron por delitos no violentos relacionados con drogas, y más de la mitad de los ejecutados eran extranjeros, muchos sin juicios justos ni representación legal.
Derechos humanos y libertades
Freedom House otorga a Arabia Saudita una calificación de libertad global de 9/100, catalogándola como “No libre”.
Las libertades en línea también están restringidas, con una puntuación de 25/100 en “Libertad en la Red”, reflejando censura y vigilancia.
Arabia Saudita ocupa el puesto 162 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa 2025, con periodistas encarcelados o silenciados.
Derechos de las mujeres y discriminación
Solo el 10,7% de los trabajadores son mujeres, aunque el 70% de los graduados universitarios lo son.
La violencia doméstica afecta entre el 20% y el 39% de las mujeres, y el 90% de los agresores son tutores bajo el sistema de tutela masculina.
Las restricciones basadas en género en la libertad de movimiento, la vida familiar y la vocación aún prevalecen.
Estas cifras no son dignas de un país que busca albergar el torneo deportivo más popular del mundo.
La lucha de las familias del 11-S por justicia
El bufete Kreindler & Kreindler, abogados de las familias del 11-S, celebró la decisión del juez Daniels como un paso hacia la verdad. Mientras estas familias continúan su larga búsqueda de justicia, la FIFA ha optado por premiar al mismo país implicado en su tragedia.
Esto no solo es insensible, sino también reprobable. Asociarse con Arabia Saudita equivale a traicionar no solo a los familiares de las víctimas del 11-S, sino también a los aficionados al fútbol en todo el mundo que esperan justicia, honestidad y rendición de cuentas.
La responsabilidad de la FIFA
Organizar un Mundial no es un acto políticamente neutral: da legitimidad y prestigio al país anfitrión. Para Arabia Saudita, celebrar el torneo será una victoria propagandística que le permitirá pulir su reputación sin rendir cuentas por sus abusos.
La FIFA no es ajena a las críticas. El Mundial 2022 en Catar estuvo marcado por la muerte de trabajadores migrantes y la represión autoritaria. Con la decisión del 2034, queda claro que la FIFA no aprendió nada.
Boicot a la Copa Mundial de la FIFA 2034 en Arabia Saudita
La lucha contra el Mundial saudí es más que fútbol. Es justicia para las familias del 11-S, rendición de cuentas por los trabajadores migrantes muertos, respeto para las mujeres y libertad para las voces silenciadas. El fallo del juez Daniels hace que el argumento para un boicot sea aún más contundente.
Si la FIFA no se mueve, entonces nos corresponde a nosotros —aficionados, jugadores, activistas y ciudadanos globales— actuar. No podemos permitir que Arabia Saudita use el fútbol como herramienta de sportswashing. Debemos exigir rendición de cuentas. Y debemos defender la justicia antes que el beneficio económico.