Mientras Arabia Saudita se perfila como favorita para organizar el Mundial 2034, aumentan las preocupaciones por su historial de derechos humanos. Aunque el Reino intenta mostrarse como un país reformista, continúan los arrestos arbitrarios, la represión de la disidencia pacífica, y la ausencia de garantías legales.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, se liberaron 44 presos, incluidos activistas como Mohammed al-Qahtani y Salma al-Shehab, pero decenas más siguen encarcelados por expresar opiniones en redes sociales.
Casos como los de Ahmed al-Doush, detenido sin cargos, y mujeres como Salma al-Shehab o Manahel al-Otaibi muestran cómo se castiga la libertad de expresión, especialmente si viene de mujeres o defensores de derechos humanos.
El uso de leyes antiterroristas vagas y la persecución de familiares de activistas exiliados refuerzan un clima de miedo. A pesar de su discurso modernizador, Arabia Saudita sigue siendo un Estado represivo.
Permitir que organice el Mundial enviaría un mensaje peligroso: que el poder económico puede silenciar los derechos humanos. La FIFA y la comunidad internacional tienen la responsabilidad moral de no ser cómplices de esta narrativa falsa.