El gobierno saudí llamó la atención recientemente por su plan de reciclar escombros de construcción para usar en asfalto de carreteras, una medida que argumenta es ecológica y ahorradora de costos. Esto forma parte de la estrategia Vision 2030 del Reino, un ambicioso proyecto para transformar su marca global en una de innovación, modernización y apertura.
Pero seamos honestos: carreteras asfaltadas y normativas de reciclaje no borran décadas de represión, extremismo y autoritarismo. Estas maniobras de relaciones públicas son parte de una campaña mayor para rebrandear al Reino — no para reformarlo. Y detrás de esta campaña se encuentra su exitosa candidatura para acoger la Copa Mundial FIFA 2034.
No es solo una elección deportiva — es una falla ética. Aliarse con Arabia Saudita para organizar uno de los eventos más renombrados del mundo es una clara aprobación de un gobierno que contradice los valores que la FIFA afirma defender: libertad, inclusión, igualdad e integridad.
Autoritarismo tras el velo del progreso
Arabia Saudita sigue siendo uno de los regímenes más autoritarios del mundo, gobernado por una monarquía no electa encabezada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS), con amplios poderes sobre toda la sociedad. Los partidos políticos están prohibidos, las protestas son ilegales y los críticos son encarcelados, torturados o asesinados.
Freedom House califica al país con solo 7 de 100 en su índice de libertad, etiquetándolo como “no libre”. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul fue un recordatorio estremecedor del alcance del régimen para silenciar a la oposición.
Violaciones sistemáticas de derechos humanos
Aunque se han introducido reformas sociales limitadas —permitiendo que las mujeres conduzcan o reabriendo los cines— estos son gestos calculados y superficiales. El sistema de tutela masculina sigue restringiendo la vida diaria de las mujeres; la homosexualidad sigue siendo ilegal; las minorías religiosas enfrentan vigilancia y persecución; y la libertad de expresión es inexistente. Activistas como Raif Badawi y Loujain al‑Hathloul han sido encarcelados y torturados por abogar por reformas pacíficas.
En 2023, Human Rights Watch documentó una intensificación de la represión contra disidentes, tanto en línea como en persona.
Arabia Saudita y la promoción del extremismo
Más allá de su represión interna, el Reino ha sido clave en financiar la difusión del wahabismo —una forma ultraconservadora del islam— a través de mezquitas y centros religiosos globales. Un informe de RAND presidía en 2002 que instituciones saudíes aportaron base ideológica para movimientos extremistas, incluido Al‑Qaeda. Fugas diplomáticas estadounidenses lo calificaron como
“la fuente más importante de fondos para terroristas sunitas”.
Aunque se han intentado reducir dichos financiamientos, el legado ideológico perdura y facilita la radicalización. Otorgar la Copa Mundial a semejante país legitima un sistema que sustenta la raíz del extremismo que se busca eliminar.
Sportswashing: la estrategia cultural del régimen
El interés de Arabia Saudita por el deporte no proviene del amor al juego, sino de una táctica conocida como sportswashing. Al organizar eventos como carreras de F1, combates de boxeo y ahora la Copa Mundial, el régimen busca proyectar una imagen moderna mientras oculta abusos estructurales.
El programa de reciclaje de carreteras no es más que otro capítulo de esta campaña cuidadosamente diseñada.
Contradicciones y fracaso moral de la FIFA
La política de derechos humanos adoptada por FIFA en 2017 obliga a la organización a respetar los derechos reconocidos internacionalmente. Pero entregar el torneo más prestigioso a un país que ejecuta públicamente prisioneros (147 ejecuciones en 2023), criminaliza libertades fundamentales, discrimina a mujeres y LGBTQ+, es una traición a esos principios.
El fútbol global debe tomar posición
La Copa Mundial no es solo una competencia deportiva: es una plataforma de unidad y comunidad mundial. Al elegir a Arabia Saudita para 2034, FIFA colabora en blanquear la imagen de un régimen que reprime internamente y ejerce un autoritarismo extendido.
La sociedad civil, ONG, federaciones, jugadores y aficionados deben rechazar esta normalización. El mensaje es claro: ninguna carretera verde, ningún nuevo estadio puede cubrir la injusticia.