El evento deportivo más visto del mundo se dirige a un país donde uno de sus defensores de derechos humanos más destacados acaba de ser condenado a pasar un cuarto de siglo entre rejas por su activismo pacífico. Mientras el fútbol global comienza a congregarse en torno al mundial de la FIFA 2034 que albergará Arabia Saudí, Mohammed al‑Bajadi permanece en la prisión de Buraydah, sometido a un nuevo juicio y condenado a 25 años adicionales en un proceso que, según expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, viola de forma flagrante las garantías básicas de un juicio justo.
El contraste es contundente: ¿puede un deporte que se presenta como una fuerza de unidad y dignidad humana celebrar en un país acusado de reprimir sistemáticamente la disidencia?
Contexto: el caso de Mohammed al‑Bajadi
Mohammed al‑Bajadi es un veterano defensor saudí de los derechos humanos y uno de los miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), un grupo que durante años ha documentado detenciones arbitrarias y ha reclamado reformas constitucionales. Fue procesado por primera vez hace más de una década, cuando el Tribunal Penal Especial (Specialized Criminal Court, SCC) de Riad, un órgano supuestamente destinado a causas de terrorismo, lo condenó en 2012 a ocho años de prisión, de los cuales cuatro quedaron en suspenso, además de una prohibición de viajar durante cinco años.
Los cargos en su contra —ayudar a crear una organización no autorizada, “dañar la imagen del Estado” a través de los medios, llamar a las familias de detenidos políticos a manifestarse, cuestionar la independencia judicial y poseer libros “prohibidos”— se basaban íntegramente en el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de asociación.
En 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión n.º 38/2015, en la que concluyó que su detención era arbitraria porque se debía al ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación pacífica, y formaba parte de un patrón más amplio de persecución de activistas en Arabia Saudí.
A pesar de ello, permaneció en prisión bajo condenas sucesivas y, aunque su última pena expiró en abril de 2023, no fue puesto en libertad y siguió recluido en la prisión de Buraydah. A mediados de 2025, en lugar de ser excarcelado, fue llevado de nuevo ante el SCC para un nuevo juicio cuyos detalles siguen siendo opacos; el 27 de octubre de 2025 se le impuso una nueva condena de 25 años de prisión, sin acceso a abogado y con cargos que no se han hecho públicos.
Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU y varias organizaciones de derechos humanos han advertido de que este nuevo juicio plantea graves preocupaciones sobre el respeto del debido proceso y del derecho a un juicio justo. La ausencia de asistencia letrada, el secretismo en torno a los cargos, el uso de un tribunal antiterrorista y el hecho de que fuera juzgado de nuevo después de haber cumplido su pena apuntan, a ojos de observadores internacionales, a un proceso políticamente motivado diseñado para prolongar su castigo y disuadir a otros.
Dado que su encarcelamiento está vinculado a actividades de defensa pacífica de los derechos y se produce en un contexto en el que órganos de la ONU ya habían calificado de arbitraria su anterior detención, muchos observadores consideran que su nueva reclusión encaja plenamente en la definición de detención arbitraria según el derecho internacional.
Un patrón más amplio de represión y opacidad jurídica
El caso de al‑Bajadi no es una anomalía, sino parte de un patrón de larga data en el que las autoridades saudíes utilizan leyes antiterroristas y de seguridad de redacción muy amplia para sofocar la disidencia. Expertos de la ONU han criticado reiteradamente la legislación antiterrorista del reino por ser “inaceptablemente amplia” y vaga, advirtiendo de que permite criminalizar la expresión, asociación y reunión pacíficas bajo el pretexto de combatir el terrorismo.
Líderes religiosos, escritores, periodistas, académicos, activistas por los derechos de las mujeres y miembros de ACPRA han sido objeto de oleadas de detenciones y procesos que relatores especiales describen como “generalizados y sistemáticos”.
Organizaciones internacionales como ALQST, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado decenas de casos en los que activistas y críticos reciben largas penas de prisión tras procedimientos ante el SCC que carecen de garantías básicas de transparencia judicial. Entre las preocupaciones señaladas figuran la negación de acceso a abogados, la presentación secreta o a última hora de los cargos, el uso de confesiones obtenidas bajo coacción y juicios celebrados en gran medida a puerta cerrada, lo que dificulta enormemente la supervisión independiente.
Pese a la elección de Arabia Saudí al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y sus compromisos oficiales con el respeto de sus obligaciones internacionales, expertos de Naciones Unidas han señalado que el gobierno ha “ignorado los llamamientos reiterados” para poner fin a las violaciones y remediar las detenciones arbitrarias.
El nuevo juicio a al‑Bajadi tras la expiración de su condena refleja la profundidad de este patrón represivo. Su caso pone de relieve un sistema de justicia en el que los mecanismos antiterroristas parecen funcionar como herramientas de control político y donde la independencia judicial es ampliamente cuestionada por observadores internacionales. Para muchos, su destino se ha convertido en símbolo de los riesgos que corren quienes, en Arabia Saudí, se atreven a criticar las políticas del Estado o a exigir rendición de cuentas.
Sportswashing y el Mundial de 2034
La decisión de conceder a Arabia Saudí la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2034 debe entenderse a la luz de estas persistentes preocupaciones en materia de derechos humanos. El término “sportswashing” se utiliza cada vez más para describir cómo Estados con historiales problemáticos en derechos humanos invierten sumas enormes en grandes eventos deportivos para mejorar su imagen, desviar la atención de los abusos y reforzar su poder blando.
Al acoger megaeventos como torneos mundiales de fútbol, Grandes Premios de Fórmula 1 o veladas de boxeo de alto perfil, los gobiernos obtienen una cobertura mediática favorable, una afluencia de visitantes famosos y un poderoso relato de modernidad y apertura que puede eclipsar la represión en curso.
En el caso del Mundial 2034, Amnistía Internacional y la Sports & Rights Alliance han advertido de que el torneo entraña riesgos “graves y probables” para trabajadores, voces críticas, mujeres y personas LGTBI si no se emprenden reformas importantes. Una evaluación de impacto en derechos humanos encargada para la candidatura saudí y publicada por la FIFA, elaborada por la oficina en Riad del bufete Clifford Chance, ha sido criticada como un “blanqueo” por omitir abusos ampliamente documentados y minimizar los riesgos.
Pese a ello, la FIFA otorgó a Arabia Saudí una calificación de riesgo “medio” en materia de derechos humanos, una valoración que los defensores de derechos consideran insuficiente frente a la magnitud de la posible explotación, discriminación y represión en la próxima década.
Human Rights Watch ha sostenido además que la FIFA está incumpliendo sus propias normas de derechos humanos al acelerar de facto la elección de Arabia Saudí sin una debida diligencia rigurosa ni una consulta significativa con las partes afectadas.
Los críticos alertan de que, sin condiciones vinculantes, el Mundial podría afianzar la impunidad: la infraestructura será construida por trabajadores migrantes vulnerables, las voces críticas como la de al‑Bajadi seguirán silenciadas y el espectáculo del fútbol proyectará una imagen de normalidad. En este sentido, el torneo corre el riesgo de convertirse en un caso paradigmático de sportswashing, donde el brillo del deporte mundial ayuda a normalizar, en lugar de cuestionar, la represión vigente.
El caso al‑Bajadi como símbolo del sportswashing
Vincular el caso de al‑Bajadi al Mundial 2034 no es un salto retórico; condensa la tensión central entre imagen y realidad. De un lado, un Estado que invierte masivamente en estadios, proyectos turísticos y alianzas globales para presentarse como un centro dinámico y reformista; del otro, un defensor de derechos humanos sometido a un nuevo juicio ante un tribunal antiterrorista y encarcelado durante 25 años por actividades pacíficas.
El riesgo es que, para 2034, el mundo celebre la transformación del horizonte urbano saudí mientras los activistas que ayudaron a exponer abusos pasados siguen invisibles tras muros de cemento.
Responsabilidad moral y ética del fútbol mundial
Estas realidades plantean preguntas éticas urgentes para la FIFA y para la comunidad futbolística en su conjunto. La FIFA ha adoptado políticas de derechos humanos que, sobre el papel, le exigen realizar una debida diligencia y prevenir o mitigar abusos ligados a sus torneos; sin embargo, la forma en que se ha gestionado el proceso de 2034 sugiere que esas normas se aplican de forma selectiva.
Si la organización es capaz de pasar por alto tanto patrones documentados de detención arbitraria como casos emblemáticos como el de al‑Bajadi, sus compromisos en materia de derechos humanos corren el riesgo de quedarse en mera retórica.
La cuestión clave es si la concesión de sedes debería condicionarse a mejoras medibles en derechos humanos. En términos prácticos, esto podría traducirse en exigir la liberación de defensores encarcelados, reformas de las leyes antiterroristas para impedir su uso contra críticos pacíficos, protección de los trabajadores migrantes conforme a estándares internacionales y garantías de no discriminación para mujeres y personas LGTBI.
La ausencia de condiciones claras y mecanismos de ejecución sugiere que las consideraciones comerciales y geopolíticas siguen pesando más que los derechos humanos en la gobernanza del fútbol global.
La historia aporta ejemplos de controversias deportivas que ilustran lo que está en juego. Los boicots y campañas durante la era del apartheid en Sudáfrica, así como los debates más recientes sobre eventos celebrados en Rusia o Catar, muestran que el deporte puede desafiar o legitimar sistemas represivos según cómo reaccionen instituciones, deportistas y aficionados.
Estos precedentes no se superponen exactamente con el contexto saudí, pero recuerdan que el deporte nunca es “neutral”: las decisiones sobre dónde y cómo se organizan los grandes eventos conllevan un peso moral.
Por qué debería contemplarse un boicot
A la luz del caso de al‑Bajadi y del amplio patrón de represión, existe un argumento sólido para que organizaciones de la sociedad civil, aficionados, patrocinadores e incluso jugadores consideren alguna forma de boicot al Mundial 2034 si no se producen reformas significativas.
Un boicot, entendido como una negativa pacífica y no violenta a participar o legitimar el evento en las condiciones actuales, puede convertirse en una herramienta de presión dirigida a la rendición de cuentas y no en un fin en sí mismo.
Para las organizaciones de la sociedad civil, esto podría implicar campañas coordinadas para instar a la FIFA a fijar criterios claros de derechos humanos, con la amenaza explícita de pedir la retirada de la participación si dichos criterios no se cumplen.
Los patrocinadores, cuya aportación económica es crucial, pueden comprometerse a vincular su apoyo a reformas específicas, dejando claro que asociarse al torneo conlleva un riesgo reputacional mientras haya presos de conciencia tras las rejas. Aficionados y jugadores, cuyo compromiso da sentido al Mundial, pueden exigir transparencia sobre la situación de activistas como al‑Bajadi y comprometerse con actos de rechazo simbólicos o materiales si el statu quo persiste.
Compromiso frente a aislamiento: responder a los contraargumentos
Uno de los contraargumentos más frecuentes es que el compromiso es preferible al aislamiento: llevar el Mundial a Arabia Saudí podría abrir el país, exponerlo al escrutinio internacional y generar espacios para el cambio.
Existen precedentes históricos en los que el deporte ha catalizado el debate, y la presencia de periodistas, ONG y aficionados extranjeros podría, en efecto, arrojar luz sobre las condiciones dentro del reino. Quienes defienden esta vía sostienen que el diálogo y el intercambio cultural son más constructivos que la marginación.
Sin embargo, un compromiso sin palancas reales corre el riesgo de convertirse en complicidad. Si el torneo se celebra sin condiciones claras en materia de derechos humanos, el gobierno puede cosechar los beneficios de imagen mientras mantiene o incluso intensifica la represión, con la certeza de que las grandes instituciones no impondrán consecuencias significativas. En ese escenario, el compromiso no actúa como vía de reforma, sino como barniz legitimador.
Un enfoque condicionado, que mantenga sobre la mesa la posibilidad del boicot, intenta conciliar estas posturas. Considera el Mundial como una moneda de cambio: la participación se ofrece a cambio de pasos verificables, como la liberación de presos de conciencia, la reforma de leyes abusivas y la implantación de garantías de protección para trabajadores y grupos marginados.
Si esos pasos no se dan, continuar como si nada significaría que la comunidad futbolística mundial está dispuesta a ignorar el sufrimiento de personas como al‑Bajadi a cambio del espectáculo.
Fútbol, libertad y el coste del silencio
A medida que se aceleran los preparativos para 2034, la imagen de multitudes celebrando en nuevos estadios saudíes competirá con la realidad invisible de quienes están encarcelados por exigir los derechos básicos de los que muchos aficionados disfrutan.
La condena de 25 años impuesta a Mohammed al‑Bajadi recuerda de forma brutal que, detrás del discurso oficial de “visión” y “reforma”, las voces críticas pacíficas siguen pagando un precio desorbitado por su valentía. La pregunta que se plantea a la FIFA, a las federaciones nacionales, a los patrocinadores y a los seguidores es si el fútbol mundial puede seguir proclamando que une al planeta mientras aparta la mirada de esa realidad.
El prestigio deportivo no debería construirse a costa de los derechos fundamentales. Si el Mundial pretende ser algo más que un producto comercial —si aspira a encarnar un compromiso real con la dignidad humana—, entonces el destino de los presos de conciencia debe importar tanto como el estado de las cubiertas de los estadios o de las instalaciones de entrenamiento.
El caso de Mohammed al‑Bajadi plantea este dilema en términos profundamente humanos: el “deporte rey” debe decidir si está dispuesto a celebrar en un lugar donde quienes reclaman justicia son silenciados, o si utilizará su inmensa influencia para afirmar que ningún trofeo justifica otros 25 años entre rejas para un defensor pacífico de los derechos humanos.