FIFA World Cup 2034: Saudi Arabia's Human Rights Abuses Uncovered
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Mundial de la FIFA 2034: Violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita expuestas.

Hay un intenso debate y críticas sobre que Arabia Saudita sea la sede del Mundial de la FIFA en 2034. El deporte, la infraestructura y el turismo han dominado las inversiones del estado saudí bajo la Visión 2030, mientras que su lamentable historial de derechos humanos ha quedado muy atrás. Existen objeciones por parte de organizaciones de derechos humanos, activistas e incluso aficionados al fútbol. Por eso, Arabia Saudita no es ideal para albergar el Mundial de la FIFA en 2034, ya que continúa pisoteando los derechos de las personas: libertad de expresión, derechos de las mujeres y derechos de los trabajadores migrantes en el país.

Restricción de la libertad de expresión

La libertad de expresión es uno de los problemas más importantes que plantea Arabia Saudita como sede del Mundial. El reino tiene leyes de censura estrictas y castigos drásticos para quienes critican al gobierno. Periodistas, blogueros y activistas han sido arrestados y enviados a prisión por sus opiniones políticas.

El problema de la limitación de los periodistas en un evento global como el Mundial es grave. Los valores de la FIFA promueven la apertura y la inclusión. El historial de Arabia Saudita sobre la libertad de prensa nunca armonizará con tales principios. En 2022, al menos 15 personas fueron encarceladas por actividades pacíficas en línea, incluida la sentencia más larga jamás impuesta a una mujer saudí por tales actividades.

Discriminación contra las mujeres

Aunque el país ha experimentado algunas reformas, los derechos de las mujeres siguen siendo limitados. Si bien se les permite conducir y ver deportes, aún deben obtener un certificado de no objeción de un guardián masculino para casarse o salir del país. Las activistas feministas son torturadas en las cárceles por exigir sus derechos básicos.

La separación entre hombres y mujeres es evidente en la mayoría de los departamentos y lugares de interés público. Arabia Saudita ocupó el puesto 126 de 146 países en el Informe Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, lo que indica que aún persisten desigualdades de género en el país.

Trabajo forzado de los trabajadores migrantes

La mayoría de estos trabajadores provienen del sur de Asia y África. Sus condiciones son altamente explotadoras, muchos están alojados en campos de trabajo masificados con mala sanidad y pocos derechos. Los empleadores a menudo retienen salarios y confiscan pasaportes, atrapando a los trabajadores en condiciones de trabajo forzado. Los accidentes laborales son comunes y a menudo causan muertes debido a condiciones peligrosas.

Desde el inicio de la construcción de NEOM, se estima que 21,000 trabajadores migrantes han muerto, de los cuales más de 14,000 son indios. Muchos se ven sometidos a condiciones extremas, trabajando hasta 84 horas a la semana, cuando la ley solo permite 60 horas.

Falta de debido proceso y castigos crueles

El sistema legal en Arabia Saudita se ha descrito como brutal debido a la práctica de ejecuciones públicas, azotes y amputaciones. La aplicación de la ley Sharia es a menudo una interpretación literal que puede llevar a penas severas por infracciones menores. El disenso político, la blasfemia o incluso delitos de drogas pueden considerarse crímenes capitales.

Los juicios son a menudo opacos. Los acusados son frecuentemente condenados sin una defensa legal adecuada. La tortura y las confesiones forzadas son comunes. En los últimos años, Arabia Saudita ha incrementado considerablemente las ejecuciones. En 2024, por ejemplo, el país ejecutó a 345 personas, casi el doble que las 172 ejecuciones registradas en 2023. En 2022, 196 personas fueron ejecutadas, el mayor número en tres décadas.

Derechos LGBTQ suprimidos

Las relaciones del mismo sexo están prohibidas en Arabia Saudita. La prisión o incluso la pena de muerte es el resultado. El estado no apoya los derechos LGBTQ+, lo que convierte al país en un lugar peligroso para los aficionados, jugadores y oficiales LGBTQ+ del fútbol. Los miembros de la comunidad son perseguidos y acosados, y algunos han recibido penas de muerte. No existe una ley contra la discriminación que proteja a los miembros de esta comunidad. Las marchas del orgullo y las conferencias sobre derechos LGBTQ+ también están prohibidas.

FIFA afirma apoyar la participación de personas LGBTQ+ en el fútbol, pero está entregando la Copa del Mundo a un país que las criminaliza.

Lavado de imagen y deporteswashing

Arabia Saudita ha gastado miles de millones de dólares en deporte como parte de su nueva política para aumentar su estatura internacional, un movimiento descrito como “sportswashing”. El sportswashing se refiere a desviar la atención a través de grandes eventos deportivos cuando se cometen abusos como violaciones de derechos humanos.

Responsabilidades éticas de la FIFA

FIFA ha sido criticada a lo largo de los años por priorizar problemas financieros sobre la moralidad. Un ejemplo reciente de esta controversia fue la concesión del Mundial de 2022 a Catar. La adjudicación del Mundial 2034 a Arabia Saudita plantea serias preguntas sobre la seriedad de FIFA respecto a los derechos humanos. FIFA tiene una Política de Derechos Humanos que obliga a los países anfitriones a respetar las libertades básicas. Esto podría simbolizar corrupción y nepotismo al otorgar la Copa del Mundo sin un proceso de licitación a Arabia Saudita.

Conclusión

El historial de violaciones de derechos humanos descalifica a Arabia Saudita para albergar el Mundial de la FIFA 2034. La supresión de la libertad de expresión, la discriminación de género, la explotación de los trabajadores migrantes, los castigos judiciales draconianos y la persecución de la comunidad LGBTQ+ son principios contrarios a los que representa la FIFA. No es adecuado que FIFA entregue un premio de esta magnitud a una nación que es perpetuamente culpable de abusos de derechos humanos. Si FIFA se preocupa por la integridad del deporte y su impacto global, debería reconsiderar su decisión y dar prioridad a los derechos humanos sobre el beneficio económico.